Institutos de ciencias forenses en Ecuador

Dr. especialista en Medicina Legal, Guayaquil.- La Constitución Política del país, en su artículo 195, puntualiza que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde organizar y dirigir todo lo atinente a la instalación de los sistemas de investigación en ciencias forenses y medicina legal, tan necesarios para poder fundamentar y presentar las debidas pruebas en los diferentes hechos antijurídicos que se suscitan contra las personas. Es importante el aporte de la investigación y la tecnología aplicadas a la resolución de los casos de criminalidad que ocurren en el mundo. Sin embargo, hasta la presente fecha no se conoce que la Fiscalía de la Nación tenga un plan que permita concretar la instalación de los tan necesitados institutos de medicina legal que deben funcionar principalmente en Quito, Guayaquil y Cuenca, dentro de un bien trazado programa de coordinación para que estas sedes de investigación científica trabajen coordinadamente con otros centros médico-legales en las provincias cercanas a estas. No existe en Ecuador el anhelo firme que nos impulse a salir del subdesarrollo médico legal, el cual impacta en la apreciación técnico judicial de los criterios que deben manejar fiscales, jueces y tribunales penales que operan la justicia ecuatoriana. He participado como conferenciante en la mayoría de los países latinoamericanos y puedo testimoniar que casi la totalidad ellos ha instalado sus institutos de ciencias forenses dependientes de la Fiscalía General. Colombia y Perú tienen magníficos institutos que dependen del Ministerio Público y en todos ellos la policía nacional no tiene que ver con el trabajo científico de los especialistas forenses, mas colabora naturalmente en el área de la policía técnica judicial, llamada también policía científica, pero siempre bajo la dirección de los fiscales.

La creación de escuelas judiciales para formar excelentes administradores de la justicia sería digna de todo elogio, pero si nuestros jueces no tienen los aportes importantes de las investigaciones en el campo de toxicología, patología forense, odontología legal y de otras ciencias auxiliares, por falta de estas pruebas se cometerían muchos errores en la justicia ecuatoriana. Por ello anhelo que nuestro Ministerio Fiscal General de la Nación, reflexionando en los alcances del artículo 195 de nuestra Constitución, convoque a los especialistas en ciencias forenses que hay en el país para analizar, promover y desarrollar la creación de institutos de ciencias forenses en el Ecuador. Asuntos financieros no creo que sean los obstáculos que impidan avanzar en este importante eje del desarrollo científico del país.